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Ni los graves efectos de la DANA, ni la decena de muertos y atrapados pudieron parar este miércoles que el Gobierno sacase adelante el Real Decreto 5/2024 para adoptar medidas urgentes relativas al régimen jurídico aplicable de RTVE. Tal y como informó este periódico, el Gobierno tenía mucha prisa por sacar adelante el "decretazo" de la Corporación Pública que asegura el control absoluto del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el ente público.
Pese a que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, suspendió la sesión plenaria, sólo se dejó una actividad en la agenda de la Cámara Baja, votar el Real Decreto y sacarlo adelante. Tantas prisas se han debido, como ya informó la semana pasada este periódico, al intento de una parte de los sindicatos de RTVE para que el Real Decreto no saliera adelante intentando mostrar a algunos socios de Gobierno la necesidad de votar en contra. El Gobierno temía que no contase finalmente con los apoyos necesarios -más síes que noes- y, por eso, ha sido lo único que no se suspendió del pleno, provocando duras críticas de la oposición y de la sociedad.
El Gobierno logró su objetivo: salió adelante adelante con 176 votos a favor en un pleno atípico que abandonaron los diputados del Partido Popular y Vox al decidir no participar en la votación del decreto de RTVE.
Ya con el Real Decreto aprobado, el próximo día 23 como muy tarde estará configurado el nuevo Consejo de Administración que elegirá a su nuevo presidente, el cual, a su vez, elegirá a los miembros de la dirección de RTVE sin necesidad de ser votados por los consejeros. Es decir, el nuevo presidente que, con toda probabilidad será un miembro nombrado por el PSOE, tendrá todo el poder para elegir no sólo quién gobernará RTVE junto a él, sino también qué se comprará en el ente, pues también podrá adquirir o rechazar contenidos audiovisuales sin tener que pasar por la aprobación o rechazo de los consejeros.
La futura norma establece la posibilidad de que el presidente de RTVE pueda nombrarse en el Congreso por mayoría absoluta si la votación por dos tercios no sale adelante, mientras que ensancha de 10 a 15 los miembros del Consejo de Administración de la corporación. De ellos, 11 serán elegidos por el Congreso y 4 por el Senado, cámara, esta última, donde el PP tiene mayoría.
Y aquí está lo que fuentes de RTVE consideran un "auténtico escándalo", pues con esta libertad de actuación del presidente se corre un grave riesgo, un peligro en el que RTVE ya está inmerso, pero que puede ser aún mayor: el déficit de la Corporación Pública.
El nuevo gobierno del ente se va a encontrar a fecha de septiembre de este año con 47 millones de déficit en las cuentas de RTVE. Una desviación que se espera llegue a los 60 millones a finales del año, y una desviación que está a punto de superar el coste neto del servicio público prestado en el correspondiente ejercicio presupuestario, que la ley establece en no más de un 10%. El montante de lo prestado a la Corporación para este ejercicio fue de 490 millones, la misma cantidad que en el anterior ejercicio ya que los Presupuestos Generales del Estado han sido prorrogados. En cuanto ese déficit llegue a los 49 millones se habrá sobrepasado lo marcado por la Ley y entonces las cuentas estarán fuera de la legalidad.
La pregunta es cómo se ha llegado a esta situación. EL MUNDO ha podido hablar con fuentes de la Corporación Pública, las cuales han explicado, primero, que el 80% del presupuesto en contenidos se va a contratos por debajo de dos millones, los cuales no tienen que pasar por el Consejo de Administración y que fueron aprobados por la anterior alta dirección. Y aquí está la clave y el escándalo, pues, según fuentes de RTVE, el déficit en el que se encuentra el ente se debe precisamente a las decenas de contratos que dejó la antigua alta dirección -la que había antes del Consejo de la "boda de sangre" en la que fueron destituidos Elena Sánchez, presidenta interina, y José Pablo López, director de Contenidos Generales, y que ahora vuelve como consejero- por valor inferior a dos millones y a los que ha tenido que enfrentarse un consejo que desconocía hasta dónde se había llegado.
"Es un escándalo se mire por dónde se mire", insisten fuentes de RTVE, las cuales explican que este déficit es aún más grave porque el Gobierno inyectó a la Corporación más de cien millones de euros para dar cobertura a los JJOO y a la Eurocopa, y porque para hacer frente a este déficit se pidió recortes a todos los departamentos de la Corporación Pública. Recortes que han llegado a más de 13 millones, pero que no son suficientes.
La dirección y presidencia saliente de RTVE justifican, según ha explicado fuentes del entorno a este periódico, asegurando que se trata de un déficit de financiación, pues en la temporada 2023-2024 la Corporación solicitó al Ejecutivo para dar cobertura a los contenidos audiovisuales una partida extra de 173 millones de euros. Como el Gobierno no aceptó se rebajó a 153 millones. Finalmente el Gobierno dio un poco más de cien millones. De ahí que lo justifiquen como un déficit de financiación y no de gestión, pese a que en los Presupuestos nunca estuvo desde el principio esta partida. Es decir, vendieron la piel del oso antes de cazarla.
El problema es que el Real Decreto aprobado pone más en peligro la situación económica de RTVE, pues aunque este agujero se debe principalmente a contratos que se gestionaron fuera del Consejo de Administración, el nuevo presidente a partir de ahora podrá decidir los contratos sea cual sea el importe. Si se ha llegado a 47 millones de déficit por contratos por debajo de dos millones, ¿a cuánto se puede llegar sin el control ya sobre ningún contrato?
La intención es que este déficit pueda ser compensado con un aumento de las aportaciones para los contratos del espacio radioeléctrico, los cuales depende de la Sepi. La petición por parte del gobierno de RTVE ya está hecha: han solicitado una partida de 515 millones, más de 30 millones más de lo que estaba previsto y con ese "de más" cubrir la desviación que hay ahora mismo. Un trampantojo que aún así no solucionaría el grave problema económico que vive la televisión pública.